En México el voto es obligatorio, pero no tiene sanciones para que se haga efectivo. Por ello, los creadores del reporte Dinero bajo la mesa propusieron sanciones para los ciudadanos que no ejerzan su sufragio, con miras a acabar con la infraestructura del clientelismo electoral.
Luis Carlos Ugalde, coautor del estudio y exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que esta es una medida "inteligente y eficaz" para "romper los cimientos de la lógica del clientelismo electoral".
"Si el ciudadano está obligado a votar, porque si no lo hace sabe que lo pueden multar, o no puede realizar trámites oficiales, entonces el costo se traslada del partido en campaña a la sociedad. No es lo mismo 'comprar una elección' cuando vota el 45 por ciento del electorado a cuando vota el 85 por ciento El ejercicio clientelar pierde lógica, se desmorona", señaló.
El reporte Dinero bajo la mesa señala que por cada peso declarado, los partidos políticos gastan 15 pesos más, principalmente en la compra, coacción e inhibición del voto.
Ugalde explicó que si bien la medida puede ser polémica, existe un fin mayor -el acabar con las estructuras de compra o inacción del voto- que está por encima de la voluntad de un ciudadano de emitir su voto.
"Lo polémico podría venir en el tema de la sanción, y en un análisis de si esto va a afectar a los que menos tienen. La compra del voto afecta la libertad de los que menos tienen, ya tenemos un problema en términos de afectación de los derechos con base en el nivel de ingresos, pero podríamos poner una sanción en términos de no poder llevar a cabo trámites oficiales o (...) una sanción pecuniaria, proporcional a tu nivel de ingreso", aclaró.
Ximena Mata Zenteno, coordinadora de investigación del reporte, detalló que la mayor cantidad de dinero ilegal que entra a las campañas no va directamente a los votantes, sino a las estructuras que movilizan a los ciudadanos para coaccionar su intención de voto, por ello la importancia de establecer la obligación del sufragio
"Donde se va el dinero, el principal rubro de gasto no es el pago directo del voto, sino el pago de estructuras clientelares. Es decir, el sueldo de personas contratadas para operar estrategias de movilización, compra e inhibición del voto", sostuvo.
Por otra parte, María Amparo Casar, coautora del estudio, afirmó que es necesario reformar las leyes electorales para acabar con lo rentable que es para los partidos recibir sanciones por gastar más de lo que reportan en las campañas electorales.
"Las multas que se les ponen a los partidos o a los candidatos por rebasar los topes de campaña, por hacer cualquiera de las trapacerías que oímos todos los días (...) es perfectamente rentable porque solamente es el 3.6 por ciento lo que se les multa, de todo el dinero público que reciben. Entonces eso se vuelve un gran incentivo de los partidos, es rentable violar la ley", finalizó.
El reporte Dinero bajo la mesa será publicado en septiembre próximo.